El Instituto de Política Familiar (IPF) ha publicado en el día de hoy el Informe “La Protección Social a la Familia en España 2015” (el estudio completo se encuentra en la web: http://ipfe.org/España/).
El presente informe “La protección de la Familia en España” es el segundo estudio, tras el informe de “Demografía y Natalidad”, de los 5 que tiene previsto publicar el IPF antes del 20 de Diciembre del 2015 coincidiendo con las elecciones generales. “Con esta serie de informes, señala Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), queremos dar respuesta a un doble desafío: en primer lugar, que se disponga de la máxima información acerca de la situación real y la problemática de temas como políticas de familia, vida, conciliación, actuación de las administraciones, etc.; en segundo lugar, generar una serie de propuestas y alternativas que consideramos fundamentales para afrontar la problemática de la familia, con el propósito de que los distintos partidos políticos puedan incorporarlas en sus programas electorales”.
“La primera conclusión de este informe es que se lleva 35 años de desprotección a la familia que ya son demasiados, prosigue Hetfelder. Ya es hora de que en España superemos el absurdo histórico de que ninguna Administración Pública se ocupe de apoyar a la familia. No ha habido en este periodo una correlación entre las palabras de apoyo a la familia algunos partidos y/o administraciones y las leyes y/o medidas realizadas. La familia ha sido la gran abandonada por las Administraciones”.
“Este desolador panorama de desprotección a la familia, prosigue el presidente del IPF, se ha visto agravado por la crisis económica, que ha impactado fuertemente en la familia. De hecho mientras algunas funciones de la protección social se han incrementado durante la crisis, la ayuda familiar ha tenido una devaluación sin precedentes. Las familias han sido las grandes perjudicadas en esta crisis económica”.
“Todo ello provoca que España esté en el furgón de cola de toda la UE en cuanto a protección y ayuda a la familia”, afirma con rotundidad el presidente del IPF, quien continúa afirmando que “esta clasificación demuestra que en España la familia no es una prioridad para las Administraciones ni hay compromiso alguno con la familia. No hay voluntad política de ayudarla y proteger a la familia”.
Los principales datos del informe, en forma de resumen son:
1. El reconocimiento de las funciones sociales de la familia y su protección social a la familia constituye un derecho fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional (ya sea la ONU o la Unión Europea).
2. Los indicadores de protección social a la familia analizados (indicadores de importancia, de magnitud, de profundidad y de voluntad protectora), constatan que España tiene una deficiente protección social a la familia. Además, la crisis económica ha acentuado esta divergencia con Europa.
3. No se da importancia a la Familia. La prestación social a la familia no es prioritaria para las administraciones con respecto a otras prestaciones sociales. España apenas destina el 5,2% de todas las prestaciones sociales a la función “familia. Y esto se ha agravado desde 2008. De hecho, en la actualidad, de cada 19 euros que destina en España a Gastos Sociales, tan sólo 1 euro se dedica a la Familia.
4. El esfuerzo para con la familia es muy deficitario. El PIB destinado a la familia es muy escaso (1,3% del PIB). Y ha tenido un descenso vertiginoso desde el 2009. España dedica apenas el 1,3% de su PIB a la protección social de la familia que ha descendido y nos aleja aún más de la media europea (2,1% del PIB de media). Además, en apenas 5 años el PIB destinado a la familia ha caído en más del 11% pasando del 1,47% del PIB en 2009 al 1,31% del PIB en 2013.
5. Las prestaciones dadas a la función familia no cubren las necesidades de las familias españolas. Europa (UE28) dedica de media casi el doble que España en €/habitantes/año. Y esta diferencia se acrecienta cada vez más. Mientras en 2005 la diferencia con Europa era de 221€ por habitante /año, en el 2013 es de 266€ por habitante /año. De hecho, Portugal, España y Grecia son los países de la UE15 que menos dinero destinan a la Familia por habitante.
6. La falta de revalorización anual de las prestaciones denota falta de voluntad por parte de las Administraciones. Incluso ha sufrido un agravamiento durante la crisis con una devaluación del 12% en apenas 3 años.
7. La familia española cuenta con unas reducidas ayudas directas a la familia y con grandes restricciones para poder acceder a ellas. Las familias españolas tan solo tienen 4 ayudas directas 1 y todas ellas con restricciones que la hacen inviable para la mayoría de las familias.
8. Aunque la prestación por hijo a cargo es la principal medida de ayuda a la familia en Europa, en España es muy deficiente. España está en el furgón de cola de la UE28 en prestaciones por hijo a cargo, y siendo, además, el país de la UE15 que da menos ayuda por hijo. Merecería la pena vivir en países como Luxemburgo, Bélgica, Austria o Alemania antes que en España.
9. Mientras en la UE28 la prestación por hijo a cargo es de 91 €/mes de media (y en la UE15 es de 107 €/mes), en España, sin embargo, es tan solo de 24 €/mes. Una familia española necesitaría tener 8 hijos y ganar menos de 30.000 euros al año (ambos cónyuges) para tener las mismas prestaciones que una familia en Alemania con 2 hijos y sin límites de ingresos
10. En España tiene unos límites de renta tan bajo para pode acceder a la prestación por hijo a cargo (11.547,96 €/año) que lo hacen inviable para la mayoría de las familias. Una familia española donde ambos cónyuges tuvieran unos ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (*), no tendría derecho a esta prestación por hijo a cargo, por superar el límite de renta familiar (11.547€ brutos anuales).
11. La mayoría de las prestaciones familiares son en especie. Del 1,31% del PIB que destina España a prestaciones de la familia, tan solo el 0,50% del PIB son prestaciones en dinero
12. La familia española está discriminada frente a la mayoría de los países europeos tanto en el número de familias que pueden acceder a las ayudas (11% de las familias españolas frente al 83% de las familias europeas), en su cuantía (24€/mes frente a los 91€/mes de media en la UE28), y como la edad de los hijos que se pueden beneficiar (18 años en España y 25 años en la mayoría de la UE28).
En definitiva, a pesar que la protección a la familia es un mandato constitucional, su desarrollo en España ha sido claramente insuficiente y deficitario, situándonos a la cola de Europa.
Las propuestas del Instituto de Política Familiar
El apoyo a la familia no puede quedar limitado a un reconocimiento de su importancia como institución y de las funciones sociales que cumple, sino que también debe incluir el apoyo con medidas concretas. En caso contrario sería un apoyo teórico, irreal e ineficaz.
La escasez de ayudas que actualmente tienen las familias españolas las convierten en las familias con menor ayuda de la Unión Europea. Viene caracterizada, además, por cuatro denominadores comunes que abundan en la discriminación permanente con el resto de las familias europeas y colocándonos a la cola de Europa:
• Escasa medidas de apoyo a la familia.
• Con cuantías muy deficitarias.
• Congelación de las cuantías.
• Dirigidas a muy pocas familias.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de una verdadera protección a la familia asegurando el mandato constitucional, con una redistribución más equitativa, con unas mayores dotaciones y convergiendo con Europa.
Con las siguientes estrategias:
• Redistribución más equitativa de las prestaciones sociales, aumentando el porcentaje destinado al concepto de Familia.
• Promover la convergencia de las Prestaciones sociales a la familia en España con la media europea evitando la discriminación existente en la actualidad.
• Mejorar el sistema de prestaciones a la familia, aumentando el número, eliminando las restricciones actuales que impiden el acceso a muchas de ellas y asegurando su actualización anual.
Y las siguientes medidas:
1. Promover un Pacto de Estado sobre la familia con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, agente sociales e instituciones familiares a fin de garantizar un tratamiento mínimo común igual a la familia en toda España, tal como recomienda, incluso, el Comité Económico y Social Europeo (Dictamen CESE 423/2007).
2. Creación de, al menos, una Secretaría de Estado de Familia dependiente del Ministerio de Presidencia, con suficiente capacidad organizativa y presupuestaria para desarrollar la promoción y protección de la familia.
3. Creación de una Conferencia Sectorial de la Familia, entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas para el seguimiento y coordinación de las políticas familiares.
4. Aplicar la perspectiva de familia. Establecer la obligatoriedad de un informe previo preceptivo de perspectiva de familia que analice como afecta a la familia una ley o medida que se quiera implementar.
5. Elaboración de una Web oficial específica a la Familia, en la que se contemple todas las ayudas a la maternidad nacional, autonómicas y locales, así como estudios y encuestas sobre la problemática de la familia.
6. Redistribución más equitativa de las prestaciones sociales, aumentando el porcentaje destinado al concepto de Familia (5,19% del total actualmente) alcanzando la media de la UE28 (7,8%).
7. Promover el establecimiento de objetivos de convergencia gradual con el resto de naciones europeas, con al menos:
2,2% PIB: Destinar, como mínimo, el 2,2% del P.I.B. a gasto social familiar.
Actualización anual ayudas: Impulsar mecanismos de actualización con la inflación de las ayudas familiares y que evite la discriminación actual de “congelación” de las ayudas.
Establecer límites (per cápita) que incluyan al 90% de las familias españolas poder acceder a las distintas ayudas, al igual que en la UE28.
Exención ayudas: Estableces establecer objetivos de convergencia fiscal con Europa en cuanto a la exención de impuestos a las ayudas familiares.
8. Incremento de la prestación por hijo a cargo que sea, al menos, la media de la Unión Europea: Con una cuantía de 91€/mes por hijo a cargo; Con universalidad de rentas; estableciéndolo urgentemente a partir del 3ª hijo. Aumento de la edad de percepción de las ayudas por hijo a cargo hasta los 25 años por razón de estudios o desempleo, tal como se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea.
9. Aumentar la prestación en €/habitantes/año -actualmente en 303 €/habitante/año en España- converja con la media de la Unión Europea (565 €/habitante/año).
10. Compromiso de revalorización anual de las prestaciones familiares con un incremento de, al menos, el IPC, evitando así su depreciación con la inflación.
11. Incrementar la paga de maternidad desde los 100€/mes actuales hasta 125€/mes para compensar la devaluación que ha sufrido por estar congelada desde su creación en el 2003. Además, ampliar la deducción por maternidad por hijos menores de 3 años a todas las madres, independientemente de su situación laboral.
12. Establecer un Plan de Sensibilización Social a favor de la familia a través de medios de comunicación, con Campañas de sensibilización social y de promoción de un ambiente y cultura favorables a la familia.
13. Realizar encuestas del CIS sobre las necesidades de las familias con el objetivo de identificar propuestas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y la protección de la maternidad.
14. Realizar estudios de investigación que determinen el reporte e impacto de la inversión en familia en el sistema público de la Seguridad Social, Servicios Sociales, Sanidad, etc., así como su impacto demográfico en el conjunto del Estado.
1 (1) Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con una cuantía de 24 €/mes para familias con rentas menores de 11.547,96 €/año; (2) Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres discapacitadas; (3) Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples; (4) Paga de los “100 euros” para madres con trabajo remunerado con hijos menores de 3 años.