El informe 2017 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, en sus siglas en inglés) se ha presentado hoy en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE en un seminario organizado conjuntamente con la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que es el punto focal de la FRA en España. Según el informe, persisten profundas brechas en la aplicación de los derechos fundamentales en Europa y se están acentuando en algunas áreas. Además, la FRA considera que la UE ha creado herramientas para mejorar la promoción y la protección de los derechos fundamentales, pero que resultaría beneficioso «examinar los derechos humanos, ponerles cara y aplicar los derechos sociales y económicos de una forma más coherente. Sin una cultura de derechos fundamentales firmemente integrada que aporte beneficios concretos, muchos ciudadanos de la UE no percibirán como suyos los valores de la Unión».
El informe, titulado ‘Entre las promesas y la realidad: una década de derechos fundamentales en la UE’, en cuya elaboración ha participado por cuarto año consecutivo el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, es crítico en aspectos como igualdad y no discriminación; racismo, xenofobia e intolerancia; asilo, visados, migración, fronteras, integración o privacidad de datos.
La FRA hace especial hincapié en la situación de los migrantes y refugiados en Europa. Resalta que en 2016 murieron más de 5.000 personas al atravesar el mar para alcanzar Europa, aunque las llegadas irregulares por mar descendieron en más de un 60 % en comparación con 2015, con un total que se cifra en torno a 350.000 en 2016. Con estos datos, y siendo conscientes de que «las vías legales para alcanzar la seguridad en Europa siguen siendo ilusorias para la mayoría de los migrantes», el informe sugiere que los Estados miembros no deberían adoptar legislación que pudiera obstaculizar, impedir o demorar significativamente la reagrupación familiar de las personas a las que se les conceda protección internacional.
En este sentido, la FRA insta a dar una educación igualitaria a los menores refugiados. «Los Estados miembros de la UE deberían velar por que los niños y niñas migrantes y refugiados reciban un apoyo eficaz a través de servicios de apoyo lingüístico, social y psicológico basados en evaluaciones individuales de sus necesidades. Ello les permitiría asistir a la escuela e integrarse con éxito en las comunidades educativa y local. Las políticas y medidas adoptadas deberían evitar la educación segregada y promover el acceso de los niños y niñas migrantes y refugiados a la enseñanza ordinaria y al sistema educativo general».
Para la FRA, «la UE y sus Estados miembros deberían fomentar un mayor intercambio de información sobre experiencias y planteamientos entre jueces y administraciones en los Estados miembros, pero también a escala transfronteriza. Para fomentar este intercambio, los Estados miembros deberían aprovechar mejor las oportunidades de financiación existentes, como las incluidas en el programa de Justicia». Este tipo de iniciativas facilitaría el intercambio de buenas prácticas existentes en los Estados miembros en ámbitos como la protección de los derechos judiciales de las víctimas o los servicios de asistencia a víctimas.
Contra las manifestaciones de odio
Aunque se han dado importantes pasos en la Unión Europea para luchar contra el crimen y el discurso de odio, en su análisis sobre la discriminación en la UE, la FRA recomienda al legislador de la UE «considerar todas las vías posibles para procurar que la propuesta de Directiva sobre la igualdad de trato se adopte sin demora», además de ampliar las legislaciones nacionales contra la discriminación y no coartar la libertad de una persona a ejercer libremente su religión. La FRA insiste en que los Estados miembros de la UE deberían asegurar los derechos y las libertades fundamentales cuando consideran prohibiciones de símbolos o prendas de vestir relacionados con la religión. «Toda propuesta legislativa o administrativa en este sentido no debería coartar de manera desproporcionada la libertad de una persona a ejercer libremente su religión», expresan en el informe.
Respecto al racismo, la FRA apunta a que los musulmanes y gitanos fueron objeto de una creciente hostilidad e intolerancia. En este sentido, «los Estados miembros deberían velar para que todo caso de presunto delito por motivos de odio o de incitación al odio (en particular contra refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes) se investigue, se enjuicie y se sentencie», además de que se deberían adoptar planes de acción nacionales de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada, designando a los órganos estatales responsables, incluyendo indicadores de desempeño y articulando mecanismos de supervisión y evaluación.
Uno de los aspectos en el que se hace hincapié en el informe es el relativo a los retos de los derechos fundamentales en los Estados miembros de la UE. A este respecto, Michail Beis, que dirige la elaboración del informe anual de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, presentó un resumen en Comillas ICAI-ICADE en el que repasó algunos asuntos que deben solucionarse dentro de la Unión respecto a los derechos humanos, como la discriminación étnica, instó a aumentar las campañas públicas de concienciación entre la ciudadanía, a documentar mejor los crímenes de odio y a atajar la exclusión y pobreza de los niños, ya que «casi el 27% de los menores de edad en la Unión Europea están en riesgo de pobreza y exclusión social», afirmó Beis, quien aseguró que los países miembros no ponen suficiente atención sobre este asunto.